miércoles, 10 de octubre de 2018

ERE Universitario via jubilaciones

La Universidad es muy cara y es un servicio sobredimensionado. Realizar un ERE abiertamente pondría en pie de guerra a todo el mundo universitario, principalmente estudiantes y sindicatos al tiempo que dejaría en evidencia al gobierno.
Por lo tanto, hay que disimular haciendo que la universidad siga en un mundo BAU (Busineses As Usual) al tiempo que se reducen sus fondos y se niega la evidencia.
En este sentido, se impuso en el pasado una tasa de sustitución de una plaza nueva por cada 10 jubilaciones. De modo absolutamente electoralista, Mariano Rajoy amplió esta tasa de sustitución vegetativa a 1 a 1. Esta medida que parece que viene a sanear a la universidad y reverdecerla, en realidad no hace sino mantener el cuadro de descendimiento. Por lo tanto, aquellos profesores que:
  1. Abandonan la universidad porque encuentran mejores ofertas en otras universidades, empresas privadas o centros de invetigación, hastiados de la falta de oportunidades para poder desarrollar su labor docente e investigadora, no son repuestos porque sólo se reponen (ofertan nuevas plazas) aquellos que se jubilan.
  2. Se mueren antes de que lleguen a jubilarse, tampoco se reponen.
  3. Se dan de baja por incapacidad, pero no se jubilan, tampoco computan como plaza a restituir.
Las plazas que se ofertan, son tan pocas que para cuando sale una, existe una gran cantidad de personal de investigación, contratado,... dentro del mismo departamento en el que se oferta, que tienen curricula suficiente para llevársela. Es decir, que cuando el profesor contratado gana la oposición a esa plaza de funcionario, su plaza anterior de contratado queda abandonada y por la razón primera, su plaza queda vacante y se amortiza, es decir, se pierde porque no hay obligación de reponerla. La ley no lo autoriza. Es decir, en la práctica, se permuta la plaza de contratado por la de funcionario. De facto, lo que ocurre realmente es que los créditos que impartía el profesor que se jubila, dejan de impartirse, porque el profesor que se hace con la plaza, continua con la docencia que tenía anteriormente y la dejada por el jubilado, debe repartirse entre el resto de profesorado remanente.
Debido a la ley Wert (Mariano Rajoy), aquellos profesores que no llegan a obtener un sexenio, pasan automáticamente a 32 créditos (el máximo posible que se le puede sacar a un profesor universitario con la ley en la mano). Los profesores que llegan a los 60 años, suelen haber obtenido su plaza antes del 2004, por lo que son gestionados por MUFACE. Eso significa que son considerados clases pasivas y pueden jubilarse a los 60 años si cumplen una serie de requisitos.
Todos aquellos profesores que tienen más de 60 años y están a 32 créditos, se jubilan. Aquí ganan todos:
  1. La universidad se deshace de un sueldo elevado (acumulación de quinquenios, sexenios, plazas de titulares,...) y cuando convoca la nueva plaza, esta tiene menos coste que la jubilada.
  2. El profesor jubilado deja de impartir la docencia que le correspondería antiguamente a un Titular de Escuela Universitaria o asociado, aunque sea catedrático. Si ha perdido el sexenio, la ley es inexorable.
  3. El nuevo profesor que gana la plaza mejora su carrera profesional al pasar de la figura de contratado a funcionario.
  4. Aparentemente la media de edad del departamento baja, pero sólo provisionalmente, aunque la mediana quede más o menos igual si el departamento es mediano o grande.
¿Quien pierde? El resto de profesorado que se queda en el departamento ya que tiene que hacerse cargo de TODA la carga docente abandonada por el profesor jubilado, la universidad que ve cómo va envejeciendo el profesorado por la falta de ingreso de nuevas contrataciones y en general toda la sociedad ya que un profesor que está en lo mejor de su experiencia docente e investigadora, se pierde para siempre en unos años en los que todavía podría ofrecer buenos frutos.

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